El aborto: La agenda pendiente con las mujeres michoacanas

Por Sofía Stamatio, ILEMich

Compañeras feministas

Diputadas y diputados

Funcionarios del Gobierno de Michoacán

Mujeres y hombres que hoy nos acompañan

Mtra. Carolina Rangel, titular de Seimujer y todo el equipo de su Secretaría:

Agradezco a título personal y en nombre de mis compañeras de ILEMich la invitación para participar el día de hoy. Los Estados democráticos son conscientes de su propia imposibilidad por atender todas y cada una de las necesidades de la población, y por ello reconocen la importancia de las organizaciones ciudadanas para cubrir ausencias y carencias. Las colectivas y organizaciones feministas poseemos información y experiencia difícilmente accesible para las instituciones, y solamente con trabajo coordinado podremos, juntos, gobierno y ciudadanía, alcanzar las metas que nos hemos propuesto como sociedad.

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Michoacán sigue transitando una especie de medioevo en cuanto a derechos de las mujeres. El Código Penal actual, expedido en diciembre de 2014 en consonancia con el sistema de justicia penal acusatorio, adversarial y oral, ha sido reformado más de 50 veces para adecuarse a la realidad social del momento, a las necesidades de la población y a las exigencias de justicia. Pero nunca se ha abordado de manera seria, como si fuera algo de lo que hubiera que huir, el único capítulo que se funda en un asunto exclusivo de las mujeres: el del aborto. Ni siquiera cuando la mayoría de curules en el Congreso han sido ocupadas por mujeres, como ahora.

A partir de la creación de ILEMich en 2020, más de 20 colectivas feministas hemos trabajado de la mano para ofrecer información actualizada y veraz sobre el aborto y otros derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, y también hemos impulsado las múltiples iniciativas que se han presentado en el Congreso para lograr la legalización del aborto voluntario en Michoacán. Desde 2019 y hasta hoy, diputadas, diputados y organizaciones como ILEMich, Marea Verde Michoacán y Red Asaleas hemos presentado 8 iniciativas, todas ellas en la “congeladora”. Las y los legisladores han optado por mirar hacia otro lado cuando se trata de garantizar nuestro derecho a decidir, incluso muchos de ellos oponiéndose firmemente a que las decisiones sobre nuestros cuerpos sean nuestras. Y, en los anales de lo absurdo y para el anecdotario, habrán de quedar las propuestas de dar prestaciones sociales a los fetos (Partido del Trabajo, en 2022) y de someter el derecho al aborto a consulta ciudadana (Partido Verde Ecologista, también en 2022).

 

¿Qué hace falta para que suceda la reforma al código penal en materia de aborto? En un estado históricamente de izquierda, en pleno siglo XXI, ¿por qué nuestro Congreso sostiene una postura antiderechos?

El 7 de septiembre de 2021, la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió por unanimidad de diez votos que es inconstitucional criminalizar el aborto de manera absoluta. Esta jurisprudencia establece que también son inconstitucionales y deben reformarse las normas penales locales que sólo prevén la posibilidad de abortar como una excusa absolutoria o “excluyente de responsabilidad” (tal como lo establece el artículo 146 de nuestro Código Penal), pues en esos supuestos la conducta se sigue catalogando como un delito.

Es decir, durante los últimos 2 años legislativos, los 40 representantes del pueblo electos para generar las condiciones normativas suficientes, necesarias y adecuadas para nuestra realidad, han basado su trabajo en un Código Penal obsoleto y violatorio de derechos humanos.

Dos años después, este pasado 6 de septiembre, nuevamente la Corte fijó postura en el camino hacia un futuro más igualitario para las mexicanas: determinó por unanimidad que es inconstitucional el sistema jurídico que penaliza el aborto en el Código Penal Federal. Esto significa que ya no se puede criminalizar el aborto, pero también que las instituciones federales de salud deben prestar el servicio de aborto voluntario. Y nadie involucrado, ni la mujer ni el personal de salud, pueden ser castigados por ello.

Pero nuestro Congreso no es muy fan, ni de la Suprema Corte, ni de su afición por los derechos de las mujeres. Sus repetidas omisiones dejan en claro tres cosas:

1. Primero, que el Congreso de Michoacán no reconoce la autoridad del máximo órgano jurídico de nuestro país.
2. Segundo, que el Congreso de Michoacán no tiene interés en que nuestro estado avance hacia una sociedad progresista, garante de los derechos humanos de todas las personas.
3. Tercero, que el Congreso de Michoacán no tiene ningún interés por la autonomía, salud, bienestar y libre desarrollo de las mujeres.

Y no son solamente la jurisprudencia y sentencias relevantes de la Suprema Corte las que nuestras legisladoras y legisladores han decidido ignorar o violar, que de acuerdo al artículo 105 constitucional son vinculantes u orientadoras para todo el orden jurídico mexicano, sino también:

• La Conferencia Internacional de las Naciones Unidas sobre Población y Desarrollo de El Cairo, en 1994.
• La Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer de 1995 en Beijing.
• Las recomendaciones del Consejo de Derechos Humanos de la Asamblea General de Naciones Unidas.
• La Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), ratificada por México en 1981.
• La Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (conocida como Belém do Pará), ratificada por México en 1998.

Al pasar a ser partes en los tratados internacionales, los Estados asumen obligaciones y deberes de respetar, proteger y realizar los derechos humanos. Es decir, deben abstenerse de interferir en, o limitar, el disfrute de los derechos humanos, deben impedir los abusos contra individuos y grupos, y deben adoptar medidas positivas para facilitar el disfrute de los derechos humanos básicos.

Pues… al Congreso de Michoacán no le ha llegado ese memo. Y como ya violamos el derecho internacional, pues ¿por qué no violar también el marco jurídico nacional?

• La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que proclama en su artículo 4º la libertad reproductiva… Por el Arco del Triunfo.
• La Constitución Política del Estado de Michoacán, que en su artículo 1º establece que todas y todos los michoacanos habremos de gozar de las garantías que otorga la Constitución federal, así como de los demás derechos establecidos en la Constitución local y en las leyes que de ambas emanen… Por el Arco del Triunfo también.

Estos ordenamientos establecen los derechos humanos de las mujeres a la igualdad, la dignidad, la autonomía, la información, la integridad física y el respeto a la vida privada y al más alto estándar posible de salud, incluida la salud sexual y reproductiva, sin discriminación. Ignorarlos nos orilla a vivir una vida limitada, a medias, vejada, con maltrato como moneda corriente, con discriminación y menosprecio a la vuelta de cada esquina y sobreviviendo a atropellos y abusos a diario, todo ello cortesía de un Congreso que lo legitima desde sus acciones y también desde sus omisiones.

Porque sí, y es momento de que se diga con todas sus letras: el sufrimiento de cada mujer forzada a continuar un embarazo que no desea, el viacrucis silencioso de cada mujer que busca terminar un embarazo no buscado, las lesiones e incluso la muerte de todas y cada una de las mujeres que podrían haber abortado de manera segura y se toparon con un Estado opresivo, inhumano, punitivo y retrógrada, es un crimen del cual el Congreso de Michoacán es el autor intelectual. Y la responsabilidad la comparten cada una de las cuarenta personas que lo integran. Las y los diputados que han frenado la legalización del aborto voluntario, tácita o expresamente, votando en contra o absteniéndose, son cómplices de embarazos forzados, de criminalización y denegación de un derecho y de maltrato institucional de miles de mujeres y niñas, todas ellas formas de violencia por razón de género que pueden constituir tortura o trato cruel, inhumano o degradante de acuerdo al Comité de la CEDAW.

Pongamos las cosas en perspectiva económica, que muchas veces parece ser más importante que los derechos humanos. Según un estudio ya añejo (2018) de la Revista del Consumidor, de Profeco, crecer un hijo en México hasta los 18 años cuesta entre 2.6 y 2.9 millones de pesos. Supongamos que de esos casi 3 millones, al Estado le tocará cubrir la mitad –un millón y medio– por hija o hijo de un embarazo no planeado entre el parto, servicios de salud pública, de educación pública, subsidios de alimentación, programas de atención a la pobreza, etcétera. No estamos considerando la inflación ni condiciones que agraven las condiciones de pobreza y rezago, se trata de un ejercicio simplón que seguramente las instituciones pertinentes podrán realizar con mucha más precisión y veracidad. En fin, un millón y medio por hija o hijo resultado de un embarazo no planeado hasta los 18 años, lo que quiere decir 83 mil pesos cada año. Si consideramos los casi 40,000 abortos voluntarios que el Guttmacher Institute y El Colegio de Michoacán estiman que se practican en Michoacán cada año como total de embarazos no planeados (no tomamos en cuenta los casos en los que no se practicó aborto ni los abortos no registrados), nuestro gobierno destinaría alrededor de 3 mil 320 millones de pesos cada año para mantener a estas hijas e hijos de embarazos no planeados. Ahora bien, un kit para aborto seguro con medicamentos, apegado al protocolo de la OMS, cuesta 600 pesos. Atender esos 40,000 abortos voluntarios de manera segura y gratuita para las mujeres costaría al Estado 24 millones de pesos. Sobrarían 3 mil 296 millones de pesos nada despreciables. Otro cálculo: los 3 mil 320 millones de pesos anuales alcanzan para 66 millones 400 mil tratamientos anticonceptivos mensuales (considerando cada caja en $50), o bien 5 millones 500 mil tratamientos anticonceptivos al año. ¡Hasta podríamos compartir con otros estados aún más rezagados legislativamente!

En resumen: es significativamente más costeable para el Estado atender abortos voluntarios que el cuidado prenatal de los embarazos no planeados, parto y cuidados post parto, los subsidios a la manutención, el inoperante sistema de adopción y los programas de atención a la pobreza.

Ojalá la realidad fuera tan simple y divertida como este ejercicio que podemos hacer hoy aquí, desde nuestros privilegios. Pero la verdad es que si les preguntáramos a todas las niñas y adolescentes michoacanas embarazadas de entre 10 y 14 años de edad si han elegido de manera libre y consciente convertirse en madres, nos enteraríamos de que en el 55% de los casos el padre es un hombre adulto de entre 18 y 50 años. Cuatro de cada 10 embarazos que se atienden en el estado son de menores de edad. Cada año, la Secretaría de Salud de Michoacán atiende aproximadamente 600 embarazos en niñas menores de 15 años y el INEGI reporta cerca de 7 mil embarazos en menores de 19.

Sigamos poniéndonos en perspectiva con números: la incidencia de delitos sexuales es un 938% mayor en mujeres que en hombres. Como estado somos el 5º lugar nacional en embarazo adolescente. México es primer lugar a nivel Latinoamérica en embarazo adolescente y el segundo lugar a nivel mundial. Según la OCDE, como país ocupamos el primer lugar mundial en abuso sexual infantil y una de cada 3 niñas y niños en México sufre abuso sexual. El 30% de la población joven en México no tiene acceso a anticonceptivos por falta de distribución, por falta de recursos para adquirirlos o por desinformación.

En estas condiciones de doloroso rezago social, de profundas desigualdades, de violencia de género por todos lados, de carencias económicas lacerantes, de falta de oportunidades, ¿por qué tenemos un Congreso tan empedernido en restringir derechos?

Siendo herederas y herederos de una arraigada tradición revolucionaria en Michoacán, nos debería dar vergüenza pagar 40 sueldos de más de 90 mil pesos mensuales a hombres y mujeres empecinados en que no seamos nosotras, sino el Estado, quien conserve la decisión sobre nuestra capacidad reproductiva. (Nomás por no dejar: cada año esos 40 sueldos de a 90 mil pesos por curul comprarían 72 mil kits de aborto seguro con medicamentos, casi el doble de los abortos voluntarios estimados por año en Michoacán).

Bueno, y… ¿Qué sí debe hacer el Congreso? Debe garantizar todos los derechos de todas las personas, independientemente de si se trata de minorías o mayorías. (Por cierto, de acuerdo al INEGI, en Michoacán las mujeres somos el 52% y los hombres el 48%). No es necesario que una iniciativa de ley o de reforma responda al gusto de la mayoría. En ese caso no podrían existir leyes que protejan a las poblaciones vulneradas y el marco jurídico discriminaría de manera grosera a muchos sectores de la sociedad.

¿Qué más debe hacer el Congreso? Mantenerse actualizado. El punitivismo, o ese gusto por castigar, es cosa del pasado. La tendencia en los países desarrollados y en desarrollo coincide en la garantía plena de los derechos humanos de todas las personas, en pos del libre desarrollo de la personalidad y restringiendo al mínimo la intervención del Estado en cuestiones íntimas, como la decisión de ser madre, o no, cuándo y cuántas veces. Los Estados desarrollados y en desarrollo han entendido que no es su competencia la decisión de una mujer sobre su cuerpo y su capacidad reproductiva, como tampoco lo son las concepciones religiosas y morales de algunos sectores de la población. Todas las personas en México tenemos el derecho a profesar la religión que elijamos, o ninguna de ellas; esto significa, y parece que nos cuesta demasiado comprenderlo, que no podemos imponer nuestra visión religiosa, espiritual o moral a otras personas ni otorgarles más valor que a los derechos humanos.

Surgen nuevas interrogantes: ¿De qué manera la Iglesia sigue definiendo el curso de la vida pública en nuestra entidad? ¿Cuánto influye que exista un arzobispado en Morelia en las decisiones que toman las y los legisladores con respecto a las políticas públicas?

No son permisibles, bajo ninguna circunstancia, los argumentos religiosos para impedir la adopción de proyectos de ley porque esto violaría el derecho humano a la libertad religiosa y atenta contra los principios constitucionales establecidos en los artículos 24 y 130.

Hace mucho tiempo que como sociedad decidimos que la Biblia tuviera menos peso público que los derechos humanos, pero no hemos conseguido que nuestros representantes e intermediarios políticos lo comprendan. Cuando la Iglesia ostenta más poder que el gobierno civil, la población entera, sin importar su adscripción religiosa, está condenada a una vida de prohibiciones, castigos y temor.

Así como estas últimas legislaturas, que terminarán pasando a la historia como una hondonada antiderechos, gris y tibia, siempre habrá actores y grupos de poder que se resistan a la igualdad y al progreso social. Pero la lucha por los derechos humanos es un tren de marcha constante. A pesar de los obstáculos y reveses que encuentra periódicamente, termina saliendo adelante porque ningún país libre y soberano anhela un gobierno punitivista que restrinja las libertades más inherentes a la condición humana. El camino es hacia el ejercicio pleno de todos los derechos de todas las personas.

Así pasó con nuestros derechos al voto, al divorcio, al trabajo, a ser votadas, a poseer bienes, a ocupar puestos directivos, y tantas otras conquistas más del movimiento feminista. Que no se nos olvide. Y así pasará también con el derecho a decidir, y en los libros de historia de nuestras hijas y nietas se hablará de aquellos tiempos aciagos cuando los gobiernos de nuestro país nos consideraban meros recipientes de procreación.

Por ahora, pareciera que no hay de otra más que esperar. Esperar a que termine esta legislatura y tener fe en que la próxima sea menos… o mejor, más, más progresista.

Otras preguntas: ¿Por qué hay personas a las que molesta de manera ferviente que mujeres totalmente desconocidas decidan no continuar con un embarazo que no desean? ¿De qué manera les afecta que otras personas ejerzan sus derechos? ¿Qué hay, realmente, detrás de la criminalización del aborto?

El verdadero problema, la raíz de todo este asunto, es algo tan profundo que parece poesía maldita: es la idea de que las mujeres no tenemos la capacidad ni el derecho de decidir sobre nuestros cuerpos y nuestras vidas. En términos de Amelia Valcárcel, somos vistas como seres eternamente menores de edad. En palabras de Marcela Lagarde, nuestro rol dentro del sistema patriarcal es de cautiverio. Shulamith Firestone definió esta diferencia entre los sexos como un asunto de “castas sexuales”. Para Simone de Beauvoir, las mujeres somos el segundo sexo, el Otro, siempre definidas en función del varón.

Esta batalla trata sobre nuestra autonomía, sobre nuestra independencia y sobre nuestra libertad. Conseguir el aborto legal tiene un peso simbólico gigante y encierra un mensaje colectivo de anhelada libertad: nos pertenecemos a nosotras mismas y a nadie más, y sólo nosotras podemos decidir sobre nuestro cuerpo y nuestra vida. Significa apropiarnos de nuestro primer territorio, significa ser dueñas de nuestro cuerpo, y conquistar en los hechos la autodeterminación que nos ha sido históricamente negada. Por esto, por sobre todo, es que el tema del aborto molesta tanto en los sectores conservadores, y es tan importante para nosotras.

Porque no, no queremos ser eternamente menores de edad, ni ser cautivas, ni pertenecer a una casta inferior, ni ser aquello Otro que no existe sino en función de algo más. Tampoco queremos ser dominadas, oprimidas ni excluidas de la vida pública por poseer la capacidad biológica de dar vida. Por eso las feministas de los años 70’s gritaban: “¡tomemos los medios de reproducción!”. Somos sujetas de derechos, de todos nuestros derechos, sujetas y no objetos, y no nos cansaremos de repetirlo, tan fuerte como sea necesario.

En concreto y para finalizar, ¿cuál es la agenda pendiente con las mujeres michoacanas en materia de aborto?

1. Reforma al Código Penal para derogar el delito de aborto voluntario. Un Código Penal es un “catálogo de delitos”; es decir, un listado de las conductas “prohibidas” en una sociedad. El aborto voluntario debe eliminarse por completo del Código Penal ya que el ejercicio de los derechos no puede ser castigado.
2. Reforma de la Ley de Salud de Michoacán, con redacción precisa del derecho a la interrupción legal del embarazo, así como la armonización de la Ley por una Vida Libre de Violencia y de cualquier otro ordenamiento relevante.
3. Garantía de recursos humanos, económicos, técnicos y materiales suficientes y de calidad, incluidos capacitación, infraestructura y protocolos claros y funcionales, para atender el aborto voluntario como un derecho –universal, seguro y gratuito– en todas las clínicas, hospitales y centros de salud de la entidad sin excepción, con énfasis en las comunidades indígenas y las periferias.
4. Reformas y adecuaciones a la normatividad relevante para garantizar educación sexual integral –laica, científica y libre de tabúes–, en todos los niveles educativos en todos los centros educativos (públicos y privados) del estado, sin excepción.
5. Provisión sin excepción de métodos anticonceptivos gratuitos para toda la población, así como asesoría en salud sexual y reproductiva, gratuita y de calidad, para quien la solicite.
6. Campaña de concientización acerca de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres que contribuya, entre otras cosas, a la resignificación del cuerpo femenino, de los derechos sexuales de las mujeres, de la maternidad como elección y no como mandato, y del papel limitado de las creencias religiosas y morales en el ámbito de las políticas públicas. La legitimación del aborto voluntario como derecho por parte del Estado es fundamental para alcanzar la descriminalización social sustantiva de nuestro derecho a decidir.

Diputadas, diputados: no pedimos que inventen ningún hilo negro, el camino ya está pavimentado y bien señalizado. Ahí están los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de la ONU, los tratados y convenciones internacionales como la CEDAW y Belém do Pará, los protocolos de la OMS, las academias serias de todo el mundo, las cifras de países desarrollados, las 11 entidades del país con ILE y la experiencia a ras de tierra de las colectivas feministas. Incluso el Ejecutivo del Estado ha incluido la legalización del aborto en sus objetivos.

Y, gracias a los empujones de la Suprema Corte de Justicia, para quienes se oponen resulta más fácil argumentar que la legalización del aborto se trata de “una obligación” y pueden así reducir el costo político frente a su electorado. Ustedes deciden de qué lado de la historia quedar: tampoco hay mucho para dónde hacerse.

Pero no digan que no les avisamos.

Muchas gracias.

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Nota de la editora:

Este discurso formó parte del Foro “El Derecho a Decidir sobre nuestros Cuerpos” organizado por la Secretaría de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres Michoacanas (SEIMUJER) realizado el 27 de septiembre 2023.

El texto fue editado, posterior a la presentación y sumando el último párrafo de la página 4, que se continúa en la 5.